13 de febrero de 2013, 17:59
Juan José Ríos, director general del Circuito de Cartagena, sale al paso en torno a la posibilidad de que la instalación vaya a ser embargada. Hemos hablado con él para pedirle su versión.
“Realmente, pagarles el juzgado nos obliga a 22.000 euros” empieza rdiciendo Ríos quien recuerda que en el 2007, cuando realizan las obras en el circuito “acordamos con ellos una serie de pagos que ascendía a 262.000 euros, que era el total. Antes de que acabasen las obras los módulos empiezan a presentar una serie de defectos de fabricación porque emplean materiales inferiores a los que nos habían dicho. Las obras acaban en julio de ese año, en octubre algunos de esos módulos empiezan a aparecerles deterioros anticipados. Hablamos con Cabisuar y les decimos que nos lo cubra su garantía. Empieza a pasar el tiempo y no nos cumplen y es cuando les decimos ‘o nos reparáis o no pagamos” y su respuesta es “pues nos veremos en los juzgados”.
“Realmente, pagarles el juzgado nos obliga a 22.000 euros” empieza rdiciendo Ríos quien recuerda que en el 2007, cuando realizan las obras en el circuito “acordamos con ellos una serie de pagos que ascendía a 262.000 euros, que era el total. Antes de que acabasen las obras los módulos empiezan a presentar una serie de defectos de fabricación porque emplean materiales inferiores a los que nos habían dicho. Las obras acaban en julio de ese año, en octubre algunos de esos módulos empiezan a aparecerles deterioros anticipados. Hablamos con Cabisuar y les decimos que nos lo cubra su garantía. Empieza a pasar el tiempo y no nos cumplen y es cuando les decimos ‘o nos reparáis o no pagamos” y su respuesta es “pues nos veremos en los juzgados”.
Estas cuestiones acarreó un procedimiento judicial y años después, tras un peritaje de los deterioros y posterior reparaición por parte del propio Circuito, se reparan con coste a su pecunio, añade Juan José Ríos.
Más adelante recuerda el devenir judicial que ha terminando con esta amenaza de embargo. “La primera vez que llegamos al juzgado nos dan la razón y nos eximen del pago. Ellos, Cabiasuar, revocan esa sentencia y en la segunda el juez nos dan parte de razón a cada uno. Pero este señor tampoco está de acuerdo porque lo que quiere es el 100% de la deuda”.
Añade que “en ese transcurso de tiempo nuestros abogados han hecho ofertas de pagar la deuda en un periodo de plazo pero ellos no responden. Ante esa postura hemos alegado a la sentencia del Provincial, hemos hecho un recurso para ver si podemos ir al Supremo por medio de un recurso de casación. Es decir, esta sentencia no está en firme y el denunciante puede solicitar una orden provisional de embargo, pero no se puede ejecutar porque no hay una sentencia definitiva”.
Por último aporta dos datos. “En caso de ejecutarse la sentencia la finca esta tasada en cuatro millones de euros. Francamente, por una orden de embargo de 22.000 euros a nosotros no nos va a parar nadie la actividad. Y la otra es que en 2007 nos gastamos 2.300.000 euros en la remodelación del circuito y, qué casualidad: solamente hay un proveedor que nos manda al juzgado” acaba diciendo.
