6 de agosto de 2010, 2:00
De un lado, el propio Tote empezó a guardar silencio después de haber retado a quien correspondiera a que se investigara el caso. Por otro, el club herculano emitió un comunicado insistiendo en su inocencia y en su comportamiento de «respeto riguroso a las reglas de la competición» durante la pasada Liga, al tiempo que comenzó a esbozar sus primeros movimientos de defensa recordando la buena valoración que obtuvo en las crónicas periodísticas la actuación del portero del Córdoba, Raúl Navas, en el partido que su equipo perdió por 4-0 con el Hércules y para el que, presuntamente, había recibido 100.000 euros de Ortiz para asegurar la derrota cordobesista. Asimismo, la entidad herculana anunció la contratación del presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, Gabriel Real Ferrer —profesor de la Universidad de Alicante— para que le asista en este conflicto. Y el máximo accionista de la sociedad, el protagonista de la trama, se dejó ver por el Rico Pérez. Ortiz acudió a las oficinas del club, sonriendo y puro en mano, tras unas vacaciones.
Se insiste en la capital alicantina en que todo es un juego político, y así lo destacó el portero Calatayud: «Estamos en verano y hay pocas noticias. No me gusta que se politicen las cosas, soy un profesional de esto, me dedico al tema deportivo y la política ni me va ni me viene», dijo.
Pero el asunto no es tan simple. La Fiscalía decidió recurrir el auto por el que el juez De la Fuente Yanes decidió archivar el caso y no remitir las grabaciones al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol. Y por la tarde actuó la Abogacía del Estado, que se personó en la causa, según adelantó La Verdad de Alicante. Esto significa, según fuentes consultadas, que por esta vía el CSD tendrá acceso a las pruebas obtenidas por la intervención de las conversaciones y los mensajes de Ortiz. Algo fundamental porque un portavoz de la Federación ya fue claro por la mañana: «Si no nos remiten esas grabaciones no podemos hacer nada. Llamaremos a declarar a los interesados, pero si dicen que son inocentes no tenemos medios para actuar».
En Sevilla y Cádiz se movilizaron los aficionados, de modo que quedó convocada una concentración de ambas hinchadas para el 18 de agosto en la zona de Preferencia del estadio bético. Y la asociación Por Nuestro Betis solicitó a través de un comunicado «la suspensión temporal del comienzo de la próxima temporada de la Liga» mientras no se aclare el caso, exigiendo al CSD «que actúe en consecuencia con el reciente proyecto de modificación del Código Penal, que prevé tipificar como delitos los sobornos y fraudes producidos o intentados en competiciones deportivas». Y es que desde diciembre, este caso sí que seguiría su curso por la vía Penal, así que si se repitiera dentro de un año la actuación del juez De la Fuente tendría que ser otra. Ya es casualidad que el Betis baje por un gol y no suba por un punto y que ahora se pretenda que sea ultrajado y ninguneado por faltar unos meses para que lo que hoy no es delito pase a serlo.
El Córdoba, mientras tanto, pidió que se restituya públicamente a su portero, Raúl Navas, «tras la decisión del juez de dar carpetazo al asunto al no estimar la entrega de las supuestas grabaciones a ningún órgano federativo».
Se insiste en la capital alicantina en que todo es un juego político, y así lo destacó el portero Calatayud: «Estamos en verano y hay pocas noticias. No me gusta que se politicen las cosas, soy un profesional de esto, me dedico al tema deportivo y la política ni me va ni me viene», dijo.
Pero el asunto no es tan simple. La Fiscalía decidió recurrir el auto por el que el juez De la Fuente Yanes decidió archivar el caso y no remitir las grabaciones al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol. Y por la tarde actuó la Abogacía del Estado, que se personó en la causa, según adelantó La Verdad de Alicante. Esto significa, según fuentes consultadas, que por esta vía el CSD tendrá acceso a las pruebas obtenidas por la intervención de las conversaciones y los mensajes de Ortiz. Algo fundamental porque un portavoz de la Federación ya fue claro por la mañana: «Si no nos remiten esas grabaciones no podemos hacer nada. Llamaremos a declarar a los interesados, pero si dicen que son inocentes no tenemos medios para actuar».
En Sevilla y Cádiz se movilizaron los aficionados, de modo que quedó convocada una concentración de ambas hinchadas para el 18 de agosto en la zona de Preferencia del estadio bético. Y la asociación Por Nuestro Betis solicitó a través de un comunicado «la suspensión temporal del comienzo de la próxima temporada de la Liga» mientras no se aclare el caso, exigiendo al CSD «que actúe en consecuencia con el reciente proyecto de modificación del Código Penal, que prevé tipificar como delitos los sobornos y fraudes producidos o intentados en competiciones deportivas». Y es que desde diciembre, este caso sí que seguiría su curso por la vía Penal, así que si se repitiera dentro de un año la actuación del juez De la Fuente tendría que ser otra. Ya es casualidad que el Betis baje por un gol y no suba por un punto y que ahora se pretenda que sea ultrajado y ninguneado por faltar unos meses para que lo que hoy no es delito pase a serlo.
El Córdoba, mientras tanto, pidió que se restituya públicamente a su portero, Raúl Navas, «tras la decisión del juez de dar carpetazo al asunto al no estimar la entrega de las supuestas grabaciones a ningún órgano federativo».
