13 de julio de 2010, 2:00
Ruiz de Lopera declarará como imputado, toda una novedad, y justo después de que haya consumado la venta de sus acciones al grupo Bitton Sport, comandado por Luis Oliver. Sucede que la juez dictó ayer una providencia esclarecedora y que puede ser decisiva en el trascurrir de este caso, ya que después de la declaración de Lopera las partes permanecerán en la sede judicial para celebrar una vistilla en la cual se estudiará si se adoptan medidas cautelares. Éstas serán solicitadas por parte de la Fiscalía y la acusación (las plataformas opositoras denunciantes) y abarca un amplio espectro de posibilidades, desde la administración judicial a la prisión preventiva, pasando por la intervención de los derechos políticos de las acciones, con lo que se paralizaría la venta que se acaba de cerrar hace unos días.
El proceso de traspaso de poderes en el Betis de Lopera a Oliver ha precipitado la actuación de la juez. La citación para declarar como imputado es de hace semanas, pero la providencia se conoció ayer toda vez que la magistrada Mercedes Alaya parece temer que se pueda ocultar información ahora que las acciones han sido traspasadas y que se incremente la opacidad de lo que se está investigando. La adopción de medidas cautelares es un procedimiento habitual en estos casos y sólo se ejecuta en función de las solicitudes de las partes demandantes y de la decisión de la juez, que tendrá que justificar con los lógicos fundamentos jurídicos. Éstas medidas serían tomadas de inmediato, incluso mañana mismo, y sí cabría recurso ante la Audiencia Provincial, aunque éste sufriría demora por el verano judicial, que comienza en un par de semanas y que paraliza todos los procedimientos que están en curso.
Las tres plataformas opositoras a la gestión de Lopera que están personadas en el caso —Béticos por el Villamarín (BXV), Por Nuestro Betis (PNB) y Liga de Juristas Béticos (LJB)— reunieron ayer a sus abogados y representantes en esta causa para unificar criterios y adoptar una postura común tanto en la comparecencia de mañana como en la vistilla posterior. Se espera poco de la declaración de Lopera, ya que el buen asesoramiento del bufete Montero y Aramburu debe surtir efecto y, si se presenta, tendrá bien estudiado su discurso. Por ello es posible que se acoja a su derecho de no responder a las preguntas de la acusación y la intervención sea más corta de la esperada. Sin embargo, ésta sí le aclarará conceptos a la juez Alaya, que posteriormente determinará si debe tomar medidas cautelares.
SAbc de Sevilla da cuenta de que la cercanía de la venta de las acciones y la declaración de Lopera es lo que más recelos ha causado en todas las partes, ya que supone extrañeza esta maniobra tan repetina, además de que hasta que el Consejo Superior de Deportes no se pronuncie sobre la viabilidad de la operación una vez estudiada la documentación que han enviado los compradores, la transacción aún no debe darse por efectiva, ya que no es un asunto burocrático, sino un requisito indispensable.
El proceso de traspaso de poderes en el Betis de Lopera a Oliver ha precipitado la actuación de la juez. La citación para declarar como imputado es de hace semanas, pero la providencia se conoció ayer toda vez que la magistrada Mercedes Alaya parece temer que se pueda ocultar información ahora que las acciones han sido traspasadas y que se incremente la opacidad de lo que se está investigando. La adopción de medidas cautelares es un procedimiento habitual en estos casos y sólo se ejecuta en función de las solicitudes de las partes demandantes y de la decisión de la juez, que tendrá que justificar con los lógicos fundamentos jurídicos. Éstas medidas serían tomadas de inmediato, incluso mañana mismo, y sí cabría recurso ante la Audiencia Provincial, aunque éste sufriría demora por el verano judicial, que comienza en un par de semanas y que paraliza todos los procedimientos que están en curso.
Las tres plataformas opositoras a la gestión de Lopera que están personadas en el caso —Béticos por el Villamarín (BXV), Por Nuestro Betis (PNB) y Liga de Juristas Béticos (LJB)— reunieron ayer a sus abogados y representantes en esta causa para unificar criterios y adoptar una postura común tanto en la comparecencia de mañana como en la vistilla posterior. Se espera poco de la declaración de Lopera, ya que el buen asesoramiento del bufete Montero y Aramburu debe surtir efecto y, si se presenta, tendrá bien estudiado su discurso. Por ello es posible que se acoja a su derecho de no responder a las preguntas de la acusación y la intervención sea más corta de la esperada. Sin embargo, ésta sí le aclarará conceptos a la juez Alaya, que posteriormente determinará si debe tomar medidas cautelares.
SAbc de Sevilla da cuenta de que la cercanía de la venta de las acciones y la declaración de Lopera es lo que más recelos ha causado en todas las partes, ya que supone extrañeza esta maniobra tan repetina, además de que hasta que el Consejo Superior de Deportes no se pronuncie sobre la viabilidad de la operación una vez estudiada la documentación que han enviado los compradores, la transacción aún no debe darse por efectiva, ya que no es un asunto burocrático, sino un requisito indispensable.
