En un sentencia hecha pública, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife condena a las dos hijas de Concepción como cómplices del delito de estafa a ocho meses de prisión y les obliga a responder también por los 3,98 millones de euros defraudados: entre ambas tendrán que pagar el 50 % de esa cantidad, así como el otro 50 % cargado a su padre, si este no abona su parte.
La sentencia explica el sistema, regulado en un Real Decreto, que debían llevar las compañías aéreas para liquidar con el Ministerio de Fomento las subvenciones recibidas por el concepto de residencia, que entonces cubría el 50 % del coste comercial del billete.
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Según la sentencia, los acusados, durante los años 2008 a 2011, remitieron al Ministerio de Fomento "a sabiendas" ficheros de vuelos y certificaciones que aparentaban ser correctos y que contaban con respaldo documental, lo que les permitió "superar los controles rutinarios, cuando en realidad carecían de sustento o no respondían a la realidad y lograron obtener bonificaciones superiores a las realmente debidas por un importe de 8.399.180,32 euros".
En agosto de 2011 se iniciaron actuaciones de comprobación que dieron lugar a procedimiento de reintegro que culminó el 11 de abril de 2013 con una resolución que obligaba a Islas reintegrar al Estado 7,5 millones de euros.
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Parte de esa cantidad, 4,41 millones, ya le fue retenida a Islas Airways entre 2011 y 2016, por lo que el tribunal establece que queda por devolver los 3,98 millones de los que ahora deben responder personalmente los tres procesados.
La sentencia recuerda que los acusados han reconocido los hechos relatados por el Ministerio Fiscal, pero no los añadidos por la acusación particular y la acusación popular que representa a la aerolínea Binter Canarias.
El texto añade que Concepción y sus hijas reconocieron que remitieron a la Dirección General de Aviación Civil datos que no se ajustaban a la realidad y ello "con la intención de que la compañía Islas Airways recibiera cantidades superiores a las que realmente le correspondían en virtud del Real Decreto que regula el procedimiento para que los residentes puedan disfrutar de esta ayuda. Concepción admitió que fue el quién adoptó todas las decisiones y que sus hijas solo cumplieron sus directrices.
La sala ha aceptado el atenuante de dilación indebida, ya que desde la primera declaración del acusado hasta la celebración del juicio han transcurrido ocho años. Esta sentencia es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal
