viernes. 29.03.2024

CARLOS SÁNCHEZ (@charlidsg) 

La RFEF exige a los clubes que han recibido denuncias por impagos un aval de 200.000 euros para poder competir en Segunda B. Dicho aval tendría que depositarse en el ente federativo antes del 5 de julio, fecha límite para poder ser inscrito en la categoría de bronce del fútbol español. El Cartagena, esta campaña, será exigido del pago del mismo para poder competir.

Sin embargo, existe jurisprudencia para pensar que, con una resolución del juez concursal, Francisco Cano Marco, podría liberar al club del pago de esa cantidad. Así ha ocurrido en diversas situaciones, una de las últimas, este pasado verano con el Cádiz, según informaron los compañeros de Portal Cadista. Recientemente, la Federación ha impugnado dicha resolución (este pasado mes de abril), pero el club de la Tacita de Plata ha competido esta temporada sin tener que abonar el aval por la resolución de la jueza que lleva su concurso de acreedores.

Otro caso que trascendió a nivel nacional fue el caso Orihuela en 2012. El club de la Vega Baja fue descendido por la Federación por no pagar ese aval de 200.000 al encontrarse en concurso de acreedores. Sin embargo, finalmente el juzgado de lo mercantil número 3 de Elche obligó a la RFEF a restituir la categoría del cuadro oriolano, que fue readmitido con la temporada ya en marcha.

Sin duda, supone una alternativa que los gestores del club albinegro tienen en cuenta para rebajar posibles costes en este inicio de temporada.

El juez concursal podría liberar al FCC de pagar un aval de 200.000 euros
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