12 de agosto de 2010, 2:00
El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido abrir "una información reservada" por posible amaño de partidos tras la denuncia presentada por el Cádiz por lo sucedido en el partido entre el Hércules y el Córdoba de la pasada temporada, y cuyas irregularidades han salido a la luz en las grabaciones del llamado 'Caso Brugal'.
La denuncia del Cádiz se refiere a "una presunta infracción prevista en el artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF, consistente en la predeterminación de resultados" y que se castiga como "falta muy grave". Competición ha acordado remitir copia de la denuncia del Cádiz a todos los clubes de la Liga Adelante "al objeto de que puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes" por estos hechos.
LA FEDERACION DECIDE ACTUAR
De esta forma, la RFEF finalmente ha decidido actuar con respecto al caso que se está desarrollando en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante, y Competición ha acordado "solicitar la remisión de las grabaciones obrantes en los autos en lo que afecten a las responsabilidades disciplinarias deportivas, sin perjuicio de no continuar con nuevas actuaciones disciplinarias en tanto en cuanto no se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el auto denegatorio de las grabaciones que se ha presentado ante la Audiencia Provincial de Alicante por el fiscal jefe Juan Carlos López Coig y que, a día de la fecha, se encuentra pendiente de fallo".
Y es que el juez ya desestimó el recurso presentado por la fiscalía y el Consejo Superior de Deportes solicitando las grabaciones, por considerar que la entrega de las cintas atentaría contra el derecho a la privacidad de las comunicaciones, ya que se realizaron en el marco de otra investigación.
En las cintas se escucharía al máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, comentando el posible soborno al portero del Córdoba, equipo que perdió el encuentro por 4-0. Así, una posible sanción los dos implicados, afectaría a otros clubes que hubieran descendido, tanto de Primera a Segunda, como a Segunda B, dependiendo del castigo que se produjese.
El juez José Luis de la Fuente, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante rechazó los recursos del fiscal y el abogado del Estado y confirmó su negativa a dar traslado de las transcripciones de las conversaciones grabadas al dueño del Hércules, Enrique Ortiz, sobre la supuesta compra de partidos -para asegurar el ascenso del equipo a la Primera División- al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Federación Española de Fútbol (RFEF).
El CSD y la federación pueden abrir sus propias actuaciones, sostiene el magistrado, quien reitera su postura de que "en ningún caso procede el sacrificio de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones para la imposición de sanciones administrativas", que serían las que podrían acordar el CSD y la RFEF. Al tiempo, lanza la pelota al campo contrario al señalar que "nada impide a los organismos competentes desarrollar sus propias actuaciones dirigidas a sancionar las conductas irregulares que se hubieran producido".
El problema es que, sin esas transcripciones -en las que se detallan los presuntos sobornos- avaladas judicialmente, es casi imposible probar la compra de los partidos.
El propio instructor lo insinúa al añadir que "si se reclama de este juzgado la expedición del testimonio [de las conversaciones] no es porque no se pueda acceder materialmente a la transcripción de las conversaciones, sino porque se sabe o se intuye que se trata de un material probatorio sujeto a un régimen especial".
Para el juez, resulta "obvio" que el fiscal y el abogado del Estado no buscan la copia de las transcripciones. "Copias de las transcripciones de las conversaciones existen otras. Al menos, dispone de una el Ministerio Fiscal, ha de existir otra en el procedimiento matriz seguido en el Juzgado número 3 de Orihuela [que lleva el caso Brugal, en el que se captaron las conversaciones sobre presuntos sobornos del Hércules] y la unidad policial actuante conservará en sus archivos sus propios informes", arguye.
Lo que buscan los recurrentes, según el juez, es ese "material probatorio" especial, obtenido "con afectación de derechos fundamentales" y en el marco de "un proceso penal que persigue la comisión de delitos graves". Es decir, unas pruebas que aparecieron en la investigación de delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias..., durante la investigación del caso Brugal, la trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en la que parece implicado Ortiz, máximo accionista del Hércules. El uso de ese material para otros fines tan solo puede ser valorada de nuevo por "el órgano judicial competente para ello", en aparente referencia del instructor de Alicante al juez de Orihuela.
La corrupción en el deporte estará penalizada a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el próximo 22 de diciembre, pero mientras tanto el juez no comparte que las pruebas obtenidas en el proceso penal puedan ponerse a disposición de las autoridades administrativas y explica sus razones: "El sentido último de las garantías formales del secreto de las comunicaciones (...) es excluir de raíz cualquier intromisión gubernativa o administrativa en tales derechos".
Para el juez, se trata de derechos fundamentales respecto de los cuales existe "un elevado riesgo de arbitrariedad por parte de la autoridad". Y la finalidad buscada con la ilicitud de la prueba, expone, es "producir un efecto disuasorio de alcance general que neutralice posibles tentaciones de exceso de celo".
No obstante, fuentes de los recurrentes insisten es que se trata de un problema de "poca razonabilidad" por parte del magistrado, ya que una prueba obtenida con garantías judiciales no tiene porqué estar afectada solo a un proceso concreto.
Rechazados los recursos, la decisión corresponde ahora a la Audiencia de Alicante, que, según fuentes judiciales, se pronunciará en breve, tal vez a finales de esta semana o principios de la próxima. Mientras tanto, el juez rechazó también la petición del Hércules para personarse en la causa.
Por otra parte, la Liga Profesional se reunirá mañana para estudiar su actuación de ser requerida sobre el asunto por el CSD.
La denuncia del Cádiz se refiere a "una presunta infracción prevista en el artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF, consistente en la predeterminación de resultados" y que se castiga como "falta muy grave". Competición ha acordado remitir copia de la denuncia del Cádiz a todos los clubes de la Liga Adelante "al objeto de que puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes" por estos hechos.
LA FEDERACION DECIDE ACTUAR
De esta forma, la RFEF finalmente ha decidido actuar con respecto al caso que se está desarrollando en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante, y Competición ha acordado "solicitar la remisión de las grabaciones obrantes en los autos en lo que afecten a las responsabilidades disciplinarias deportivas, sin perjuicio de no continuar con nuevas actuaciones disciplinarias en tanto en cuanto no se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el auto denegatorio de las grabaciones que se ha presentado ante la Audiencia Provincial de Alicante por el fiscal jefe Juan Carlos López Coig y que, a día de la fecha, se encuentra pendiente de fallo".
Y es que el juez ya desestimó el recurso presentado por la fiscalía y el Consejo Superior de Deportes solicitando las grabaciones, por considerar que la entrega de las cintas atentaría contra el derecho a la privacidad de las comunicaciones, ya que se realizaron en el marco de otra investigación.
En las cintas se escucharía al máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, comentando el posible soborno al portero del Córdoba, equipo que perdió el encuentro por 4-0. Así, una posible sanción los dos implicados, afectaría a otros clubes que hubieran descendido, tanto de Primera a Segunda, como a Segunda B, dependiendo del castigo que se produjese.
El juez José Luis de la Fuente, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante rechazó los recursos del fiscal y el abogado del Estado y confirmó su negativa a dar traslado de las transcripciones de las conversaciones grabadas al dueño del Hércules, Enrique Ortiz, sobre la supuesta compra de partidos -para asegurar el ascenso del equipo a la Primera División- al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Federación Española de Fútbol (RFEF).
El CSD y la federación pueden abrir sus propias actuaciones, sostiene el magistrado, quien reitera su postura de que "en ningún caso procede el sacrificio de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones para la imposición de sanciones administrativas", que serían las que podrían acordar el CSD y la RFEF. Al tiempo, lanza la pelota al campo contrario al señalar que "nada impide a los organismos competentes desarrollar sus propias actuaciones dirigidas a sancionar las conductas irregulares que se hubieran producido".
El problema es que, sin esas transcripciones -en las que se detallan los presuntos sobornos- avaladas judicialmente, es casi imposible probar la compra de los partidos.
El propio instructor lo insinúa al añadir que "si se reclama de este juzgado la expedición del testimonio [de las conversaciones] no es porque no se pueda acceder materialmente a la transcripción de las conversaciones, sino porque se sabe o se intuye que se trata de un material probatorio sujeto a un régimen especial".
Para el juez, resulta "obvio" que el fiscal y el abogado del Estado no buscan la copia de las transcripciones. "Copias de las transcripciones de las conversaciones existen otras. Al menos, dispone de una el Ministerio Fiscal, ha de existir otra en el procedimiento matriz seguido en el Juzgado número 3 de Orihuela [que lleva el caso Brugal, en el que se captaron las conversaciones sobre presuntos sobornos del Hércules] y la unidad policial actuante conservará en sus archivos sus propios informes", arguye.
Lo que buscan los recurrentes, según el juez, es ese "material probatorio" especial, obtenido "con afectación de derechos fundamentales" y en el marco de "un proceso penal que persigue la comisión de delitos graves". Es decir, unas pruebas que aparecieron en la investigación de delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias..., durante la investigación del caso Brugal, la trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en la que parece implicado Ortiz, máximo accionista del Hércules. El uso de ese material para otros fines tan solo puede ser valorada de nuevo por "el órgano judicial competente para ello", en aparente referencia del instructor de Alicante al juez de Orihuela.
La corrupción en el deporte estará penalizada a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el próximo 22 de diciembre, pero mientras tanto el juez no comparte que las pruebas obtenidas en el proceso penal puedan ponerse a disposición de las autoridades administrativas y explica sus razones: "El sentido último de las garantías formales del secreto de las comunicaciones (...) es excluir de raíz cualquier intromisión gubernativa o administrativa en tales derechos".
Para el juez, se trata de derechos fundamentales respecto de los cuales existe "un elevado riesgo de arbitrariedad por parte de la autoridad". Y la finalidad buscada con la ilicitud de la prueba, expone, es "producir un efecto disuasorio de alcance general que neutralice posibles tentaciones de exceso de celo".
No obstante, fuentes de los recurrentes insisten es que se trata de un problema de "poca razonabilidad" por parte del magistrado, ya que una prueba obtenida con garantías judiciales no tiene porqué estar afectada solo a un proceso concreto.
Rechazados los recursos, la decisión corresponde ahora a la Audiencia de Alicante, que, según fuentes judiciales, se pronunciará en breve, tal vez a finales de esta semana o principios de la próxima. Mientras tanto, el juez rechazó también la petición del Hércules para personarse en la causa.
Por otra parte, la Liga Profesional se reunirá mañana para estudiar su actuación de ser requerida sobre el asunto por el CSD.
