23 de agosto de 2012, 16:46
En la España futbolística que sigue los entresijos de este deporte llama la atención la 'alcaldada' de Villar que deja al Orihuela, de salida, para jugar en Tercera debutando este fin de semana en Elda. Ha sido, se ve así, un golpe bajo de la RFEF dado a un equipo modesto,.
En los campos de juego el Orihuela es club de Segunda y un juez le ha dado la razón al recurrir la entidad orcelitana a una resolución federativa.
El Orihuela empezará así la temporada, con la decisión judicial supeditada a la deportiva, según indicó Villar a Antonia Moreno, alcaldesa accidental, y a Andrés Ballester, el diputado autonómico por el PP -y socio del Orihuela-, que ha hecho de cabeza de puente con Vicente Muñoz, el vicepresidente de la RFEF y a su vez responsable de la valenciana.
La cita estaba concertada desde hace días y a ella no fue Antonio Felices, el presidente del club amarillo, porque la Federación había fijado la agenda sin él, pero si que acudió aunque no estuvo presente en el asesor jurídico de la entidad amarilla.
UNA DECISIÓN INAPELABLE
El máximo jerarca del fútbol español hizo saber de entrada que la decisión federativa es inapelable, a no ser que un juez diga que no, que es la opción que le queda al club y que se activará a partir del 3 de septiembre.
Tanto Andrés Ballester como Antonia Moreno dejaron claro a los responsables federativos, que desplegaron a sus letrados en la reunión, que la directiva hacia la que tenían reproches por el trasfondo mediático del caso ha llevado al club a logros importantes, cumple con sus obligaciones de pago y se trata de una entidad muy arraigada en la ciudad. A partir de ahí Villar recordó que el único que puede devolver al equipo a Segunda B es un juez, y a esa vía vuelve el caso.
A partir de ahora, como explicó Felices tras conocer el resultado de este encuentro, ante el cual tampoco tenía muchas esperanzas, el camino se hará en los pasillos de los juzgados. Será el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales el que dictamine quién tiene razón, si el juzgado de Lo Mercantil que dijo que el Orihuela no tiene por qué depositar el aval de 200.000 euros o la Federación, que esgrime los reglamentos deportivos de los que se han dotado los clubes españoles para situaciones de crisis, y que dicen que hay que poner el dinero.
Así las cosas Felices descarta, al igual que hizo con la huelga de hambre, seguir con medidas de presión y encomendarse a este organismo. El directivo oriolano anticipa además que tampoco piensa acudir a los tribunales ordinarios y esperará el dictamen de esa sala de la Audiencia Provincial. Mientras, explica que el club estará en Elda el domingo y que exigir en un juzgado de guardia medidas cautelares es añadir leña a un conflicto que solo se dirimirá a partir de ahora a dependencias judiciales.
Andreu, periodista sigue informando que, dentro del entramado jurídico, que el presidente oriolano se sabe al dedillo, también matiza que el día 3 es una fecha aproximada, porque ese tribunal deberá esperar el escrito del fiscal para que fije la postura del Ministerio Público «lo que puede ocurrir la misma tarde o en días sucesivos». A partir de ahí el recorrido del caso «será lo que la Justicia quiera, pero de momento a empezar la competición y a centrarnos», reconoce agotado.
Las decisiones quedarán para más adelante, pero si que reconoce que el perjuicio económico y deportivo no es pequeño. Algo descorazonado recuerda que a la premura por haber empezado a fichar más tarde y a realizar la pretemporada semanas después, todavía el club está pendiente de cerrar cuatro o cinco fichajes pensados para Segunda B, «pero con esta decisión y que los plazos de inscripción se acaban estará difícil». Recuerda que estos jugadores dejaron medio apalabrados su contrato, pero ahora pueden echarse atrás «porque empezar a jugar en Tercera, con el riesgo de que no nos devuelvan a la categoría superior es mucho pedir».
Tras la cita madrileña la alcaldesa accidental explicó que en la reunión recordó el sentimiento de los oriolanos con el club, el papel que ha jugado la nueva directiva por devolver al equipo a una categoría que le corresponde y el perjuicio económico que se crea con el descenso, además del apoyo institucional que ha tenido siempre. Un tono similar empleó Ballester que vio buena disposición de Villar para entender el caso y buscar soluciones, pero que «insiste en que será ese organismo el que decida lo que hay que hacer». Asimismo el diputado explicó que la impresión que sacó del encuentro con Villar es que en el momento en que los juzgados resuelvan a favor del club, como esperamos, la Federación esa misma tarde lo devolverá a Segunda B».
En los campos de juego el Orihuela es club de Segunda y un juez le ha dado la razón al recurrir la entidad orcelitana a una resolución federativa.
El Orihuela empezará así la temporada, con la decisión judicial supeditada a la deportiva, según indicó Villar a Antonia Moreno, alcaldesa accidental, y a Andrés Ballester, el diputado autonómico por el PP -y socio del Orihuela-, que ha hecho de cabeza de puente con Vicente Muñoz, el vicepresidente de la RFEF y a su vez responsable de la valenciana.
La cita estaba concertada desde hace días y a ella no fue Antonio Felices, el presidente del club amarillo, porque la Federación había fijado la agenda sin él, pero si que acudió aunque no estuvo presente en el asesor jurídico de la entidad amarilla.
UNA DECISIÓN INAPELABLE
El máximo jerarca del fútbol español hizo saber de entrada que la decisión federativa es inapelable, a no ser que un juez diga que no, que es la opción que le queda al club y que se activará a partir del 3 de septiembre.
Tanto Andrés Ballester como Antonia Moreno dejaron claro a los responsables federativos, que desplegaron a sus letrados en la reunión, que la directiva hacia la que tenían reproches por el trasfondo mediático del caso ha llevado al club a logros importantes, cumple con sus obligaciones de pago y se trata de una entidad muy arraigada en la ciudad. A partir de ahí Villar recordó que el único que puede devolver al equipo a Segunda B es un juez, y a esa vía vuelve el caso.
A partir de ahora, como explicó Felices tras conocer el resultado de este encuentro, ante el cual tampoco tenía muchas esperanzas, el camino se hará en los pasillos de los juzgados. Será el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales el que dictamine quién tiene razón, si el juzgado de Lo Mercantil que dijo que el Orihuela no tiene por qué depositar el aval de 200.000 euros o la Federación, que esgrime los reglamentos deportivos de los que se han dotado los clubes españoles para situaciones de crisis, y que dicen que hay que poner el dinero.
Así las cosas Felices descarta, al igual que hizo con la huelga de hambre, seguir con medidas de presión y encomendarse a este organismo. El directivo oriolano anticipa además que tampoco piensa acudir a los tribunales ordinarios y esperará el dictamen de esa sala de la Audiencia Provincial. Mientras, explica que el club estará en Elda el domingo y que exigir en un juzgado de guardia medidas cautelares es añadir leña a un conflicto que solo se dirimirá a partir de ahora a dependencias judiciales.
Andreu, periodista sigue informando que, dentro del entramado jurídico, que el presidente oriolano se sabe al dedillo, también matiza que el día 3 es una fecha aproximada, porque ese tribunal deberá esperar el escrito del fiscal para que fije la postura del Ministerio Público «lo que puede ocurrir la misma tarde o en días sucesivos». A partir de ahí el recorrido del caso «será lo que la Justicia quiera, pero de momento a empezar la competición y a centrarnos», reconoce agotado.
Las decisiones quedarán para más adelante, pero si que reconoce que el perjuicio económico y deportivo no es pequeño. Algo descorazonado recuerda que a la premura por haber empezado a fichar más tarde y a realizar la pretemporada semanas después, todavía el club está pendiente de cerrar cuatro o cinco fichajes pensados para Segunda B, «pero con esta decisión y que los plazos de inscripción se acaban estará difícil». Recuerda que estos jugadores dejaron medio apalabrados su contrato, pero ahora pueden echarse atrás «porque empezar a jugar en Tercera, con el riesgo de que no nos devuelvan a la categoría superior es mucho pedir».
Tras la cita madrileña la alcaldesa accidental explicó que en la reunión recordó el sentimiento de los oriolanos con el club, el papel que ha jugado la nueva directiva por devolver al equipo a una categoría que le corresponde y el perjuicio económico que se crea con el descenso, además del apoyo institucional que ha tenido siempre. Un tono similar empleó Ballester que vio buena disposición de Villar para entender el caso y buscar soluciones, pero que «insiste en que será ese organismo el que decida lo que hay que hacer». Asimismo el diputado explicó que la impresión que sacó del encuentro con Villar es que en el momento en que los juzgados resuelvan a favor del club, como esperamos, la Federación esa misma tarde lo devolverá a Segunda B».
